Medidas para insertar a colectivos en exclusión y “obligaciones“ de estos.

En esta práctica partiré desde mi experiencia personal y laboral actual (funcionario C2) en varias administraciones, tanto AGE como regionales.

Mi plan es enumerar y comentar algunos puntos en los cuales he visto carencias o dejadez por parte de las administraciones así como de los ciudadanos de minorías étnicas o inmigrantes a la hora de cómo ejercer sus derechos ante las administraciones.

Con todo esto, no sólo quiero centrarme en qué políticas activas de inserción o información deben realizar las diferentes administraciones con los ciudadanos de estas minorías, sino también con respecto a unas obligaciones que deberán cumplir para ser poseedores de dichos derechos.

Mi punto de vista es que no solamente las Administraciones deben ser las que realicen el esfuerzo de intentar integrar a dicha población si no que el esfuerzo debe ser recíproco y estos ciudadanos deben aportar su compromiso de integración y de cumplir los requisitos requeridos para que su integración sea plena.

La mayoría de las ayudas que he tramitado han sido en la contraprestación económica cumpliendo solamente unos requisitos de números de hijos y el no percibir ninguna renta o hasta un límite. Estos requisitos desde mi punto de vista son mínimos y un error pues acomodan la actuación de estas minorías a recibir dando el mínimo por su parte sin ningún compromiso de adaptarse e integrarse a la sociedad en la que viven.

No pretendo que en una generación de personas en exclusión o minoría étnica pasen a ser ciudadanos europeos en cuanto a comportamiento, aspecto, manera de actuar,…

Una parte fundamental de una etnia o nacionalidad son sus costumbres o cultura que portan al país de destino al igual que los españoles que en los años 50 o 60 viajaban a Alemania para trabajar y regresar con unos ahorros. Allí proliferaron las “Casas Regionales” de Galicia, Extremadura, etc... en la cual recordaban a su tierra de origen con sus costumbres y gastronomía.

Dichas costumbres son perfectamente válidas siempre y cuando en el país de acogida no incumplan ninguna Ley o derecho fundamental básico a nivel internacional. Hay prácticas inasumibles en cualquier estado democrático que por suerte son perseguidas y penadas aunque sean válidas en sus países de origen como la ablación femenina y la subyugación de la mujer que pasa a ser una propiedad del marido.

De la misma manera si cualquier ciudadano occidental viaja a cualquier país musulmán debe respetar los recintos sagrados, la no ingesta de bebidas alcohólicas, etc. Que en caso de incumplimiento se expone a severas penas.

Todo esto se resume donde fueres haz lo que vieres, es decir, amoldarse y hacer lo que es costumbre en ese país de acogida siempre y cuando se respeten los derechos básicos internacionales que he hablado anteriormente. Toda práctica o costumbre considerada “bárbara” en el país de acogida por parte de la minoría debería ser desechada por parte de la minoría con el objetivo de amoldarse a las normas de la nueva sociedad en la cual pretende integrarse.

La adquisición de los derechos o ayudas por parte de los ciudadanos en minorías étnicas o raciales en el país de acogida debe complementarse con una adaptación y aceptación hacia las costumbres típicas de dicho país siempre y cuando no supongan un quebranto a sus mandamientos religiosos.

Mi trabajo en La AGE consiste en expedición de documentación de DNI y Pasaporte. En la mayoría de las ocasiones los ciudadanos de etnia gitana o marroquí que no traen la documentación requerida o está caducada a la hora de explicarles los motivos por los que no puedo tramitarle el documento de identidad no se avienen a razones legales que les explico y les indico como conseguir dicha documentación.

He comprobado que sólo se avienen a conseguir la documentación (DNI) porque se las exigen para la obtención de alguna ayuda económica de otra administración, la cual tiene sus plazos de presentación y como les urge obtener el DNI es muy difícil explicarle que yo solamente realizo una expedición acorde a la Ley y que sin la presentación de los documentos requeridos me es imposible expedir dicho documento pues estaría incumpliendo la Ley.

Me han llegado a sobornar, amenazar, echarme maldiciones y todos los medios a su alcance para que acceda a la expedición, incluido la interposición de quejas por racismo y xenofobia y de trato no favorable.

Otra idea respecto al acceso a una vivienda digna de estos colectivos (en los cuales me incluyo) es el nivel de renta. Yo con mi sueldo de funcionario de carrera AGE C2 me han rechazado en pisos porque no llegaba al SMI el cuál por suerte ha subido pero yo por ser funcionario me he quedado por debajo. He sido rechazado en poder alquilar un piso pequeño y (se podría llamar zulo) oscuro de menos de 65m² por no llegar al mínimo de renta exigido por el propietario y según la Ley no estoy incluido en ningún sector de exclusión social y por lo tanto no puedo recibir ayudas al alquiler pues mi edad es superior para incluirme en el grupo de las ayudas para jóvenes.

El poder acceder a una vivienda digna, la Ley, debería contemplar también a la vez de la obtención de una, la de un contrato de trabajo en alguna empresa público-privada similar a las que dan trabajo a discapacitados de cualquier tipo, me explico, yo soy discapacitado y hay empresas que no pagan la Seguridad Social del trabajador que tienen contratado si es discapacitado y además reciben ayudas. Si esa persona que pertenece a una minoría étnica trabajase en una empresa de ese tipo ya tendría una nómina con la que pagar ese piso que le ha sido adjudicado y vivir dignamente.

También me he encontrado gente de dichas minorías que no quieren trabajar pues con las ayudas recibidas y alguna “chapuza” o “trabajillo” esporádico, evidentemente sin contrato, van subsistiendo. Como he dicho anteriormente soy partidario que la obtención de ayudas a fondo perdido genera una adicción si no se exigen o proporcionan más requisitos, es decir un trabajo remunerado en las empresas público-privadas de nueva creación a imagen y semejanza a las que ya existen para discapacitados. Pienso que un trabajo legal y remunerado es la base para la obtención de las ayudas y a la par una formación laboral y social. Esas personas deben ser conscientes que si sólo reciben y no aportan se convertirán en parásitos adictos al recibir y no dar, por ello una formación en cultura básica, en leyes, fiscal y ciudadanía es fundamental en su crecimiento social para que puedan ser dejados de considerar excluidos sociales.

Otro colectivo ante el cual se debe actuar con máximo apoyo es el de los mayores. Principalmente en la brecha digital. La administración cada vez es más digital pero las personas mayores todavía persisten en la tramitación en papel. Para ellos es fundamental poseer un papel con un sello de tinta que certifica que ya han realizado el trámite y que dicho papel sellado es ininmutable en su veracidad.

Hablo de gente como mis padres con más de 80 años, que no han recibido más que una formación muy básica (leer, hacer cálculo y poco más) pues debían atender los animales o el campo para poder comer.

Dicho colectivo ha visto cómo al digitalizarse la Administración se ha alejado cada vez más de su comprensión y alcance. Mi propuesta para este caso sería la creación de oficinas en las cuales sean informados sobre cualquier trámite a cualquier nivel.

En conclusión, no pretendo defender el refrán de ante el vicio de pedir la virtud de no dar pero tampoco apoyo la postura de dar con la mínima contraprestación, más bien, mi postura es la de da una caña y enseña a pescar en lugar de dar peces.